El Dr. Adrián Maldonado, director del Centro de Estudios sobre Derecho y Religión (CEDyR) de la Universidad Adventista del Plata (UAP) y secretario del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR), se refirió a la reunión realizada en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, por la firma del decreto que reconoce la personalidad jurídica de entidades religiosas en la provincia.

La reunión tuvo lugar el miércoles 17 de diciembre, en el Salón de los Gobernadores de la Casa Gris y fue encabezada por el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, acompañado por el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, y otros funcionarios de áreas institucionales y jurídicas. En ese contexto, se realizó una entrega simbólica del decreto, firmado horas antes, a representantes de diversas denominaciones y comunidades religiosas con presencia en Entre Ríos.

Según explicó el Dr. Maldonado, el decreto provincial se inscribe en un proceso histórico más amplio vinculado al reconocimiento jurídico específico de las iglesias no católicas en la Argentina. Hasta la reforma del Código Civil y Comercial, sancionada en 2015, las iglesias debían constituirse legalmente como asociaciones civiles o fundaciones para poder actuar en la vida civil. «Eso implicaba, en muchos casos, que las iglesias debieran adoptar figuras jurídicas que no reflejaban su verdadera naturaleza», señaló.

La reforma de 2015 incorporó en el artículo 148, inciso e, una figura jurídica específica para las iglesias, comunidades y entidades religiosas. Sin embargo, durante casi una década, esa disposición resultó de difícil aplicación por la falta de una reglamentación clara que definiera su implementación a nivel provincial. En ese marco, el decreto firmado por el gobierno entrerriano establece un registro especial, de adhesión voluntaria, que permite a las iglesias acceder en la práctica a este reconocimiento jurídico específico.

El Dr. Maldonado destacó que esta medida no solo tiene implicancias técnicas, sino también un fuerte valor simbólico. «Hay un reconocimiento que implica consideración y respeto hacia las iglesias y hacia el trabajo social que realizan, especialmente en ámbitos donde el Estado no siempre llega, como cárceles, fuerzas de seguridad y acción social», afirmó. En ese sentido, remarcó que la presencia de referentes de distintas denominaciones cristianas en la reunión refleja un cambio significativo en la relación entre el Estado y las comunidades religiosas en los últimos años.

Finalmente, el Dr. Maldonado realizó un balance positivo del año, destacando la riqueza de las relaciones construidas y el impacto de iniciativas como la Jornada Universitaria de Libertad Religiosa realizada en la UAP. «Cerramos el año con gratitud, con vínculos fortalecidos y con propuestas que siguen posicionando a la Universidad como un espacio de reflexión, diálogo y aporte a la sociedad», concluyó.